Introducción

¿cual es el criterio urbanístico?

¿cual es el criterio urbanístico?

En el anterior artículo definimos el urbanismo como consustancial al ser humano. Describimos la voracidad regulatoria del estado y definimos la Miseria Urbanística, así como dimos un sucinto repaso al absurdo normativo y apuntamos como conclusión la certeza de la necesidad de la utilización del urbanismo como elemento técnico al servicio de los ciudadanos que ceden, al común, parte de su propiedad para la mejora de las condiciones urbanas.

En este artículo vamos a definir dos conceptos básicos para la comprensión del urbanismo como servicio ciudadano contrario a la voracidad regulatoria totalitaria del estado, el primero supone el cambio de paradigma del bien común frente al bien del ciudadano en urbanismo, se trata del concepto de Retorno de Propiedad, el segundo supone el reconocimiento de la propiedad privada eterna del territorio que denominaremos Inviolabilidad de la Propiedad. Veamos en que consiste y sus consecuencias para el ordenamiento y eficiencia urbanísticos.

Retorno de Propiedad

Mas de 50.000 m2 de suelo estatal ocioso en la mejor zona de una capital de provincia. España 2013

Mas de 50.000 m2 de suelo estatal ocioso en la mejor zona de una capital de provincia. España 2013

Tradicionalmente se ha producido en materia de ordenación del espacio público un proceso, heredero del más funesto feudalismo, consistente en la identificación del espacio común como propiedad del señor feudal o, en su evolución moderna, estado. El territorio, ganado por conquista o como premio por los servicios prestados a un líder de rango mayor, pertenecía al señor feudal que, a su vez, cedía tierras y vasallos a un líder de rango menor, este procedimiento continuaba hacia abajo hasta la identificación de la propiedad privada de la tierra como residuo que se permitía al rango menor. Sobre esta práctica siempre sobrevolaba la idea de todos los participantes de la propiedad como cesión, muchas veces temporal e insegura, de un rango mayor.

La aparición de la primera constitución de una nación libre en 1787 y la institución del pueblo como fuente de derecho supone el cambio del paradigma feudal. Desde ese instante la propiedad privada de los individuos ( véanse IV y IX enmienda a la constitución o Carta de Derechos de 1789 ) queda especialmente protegida de la arbitrariedad estatal.

Pero desde tiempo inmemorial, el estado se ha erigido en autoridad para expropiar al ciudadano en virtud del llamado bien común, de modo que la propiedad adquirida por un ciudadano podía, puede (y mucho nos tememos) podrá, ser expropiada en cualquier momento siempre que, convenientemente, se declarara dicha expropiación de bien común.

Lo arrebatado por el estado, bien en forma de impuestos bien en forma de expropiación, difícilmente vuelve a manos privadas de igual forma y nos encontramos en que, en la actual situación de España, con un estado deudor hasta limites inaceptables (inaceptable es 1€, ¿por que un estado puede deber dinero en una situación no de guerra?) nadie plantea la posibilidad de que el estado pierda la titularidad de alguno de sus bienes como por ejemplo una vía publica o una playa.

Parece lógico que igual que el estado, aduciendo criterios de bien común, expropiaba determinado terreno, en aras del bien común pueda retornar a igual precio a sus legítimos propietarios (los ciudadanos expropiados o sus herederos) dicha propiedad y utilizar lo percibido para pagar sus deudas.

Para entendernos: ¿Cuanto vale la calle Serrano? ¿aceptarían los legítimos propietarios de la calle Serrano de Madrid (los propietarios de los inmuebles de dicha calle) recomprar al estado expropiador dicha calle y, por ejemplo, convertirla en peatonal, con restaurantes y zonas de compras de acceso publico pero derecho privado, como cualquier centro comercial?… Es bastante probable que la respuesta fuera si. Aunque nunca lo sabremos ya que dicha posibilidad que denominaríamos Retorno de Propiedad no forma parte de las medidas posibles a tomar por parte de un estado responsable de sus deudas.

Cuando un particular se endeuda, llega un punto en que puede decidir poner en venta parte de su patrimonio, para, con lo percibido, pagar dichas deudas. Llegado el caso puede ser embargado por impago. ¿por que este caso no puede darse en el caso de los bienes del estado?. El Retorno de Propiedad debería servir de recordatorio de que lo que tiene el estado son bienes privados sobre los que tiene un uso temporal y limitado y su propiedad, sin coacción, hubiera permanecido privada.

Inviolabilidad de la Propiedad

Eficiencia estatal en planificación. España 2013

Eficiencia estatal en planificación. España 2013

Llegados a este punto parece lógico pensar que, ya que la propiedad privada forma parte de los derechos naturales de los ciudadanos y su adquisición debe estar protegida por las leyes, existiendo el concepto de expropiación, debería existir una protección especial para determinados bienes del individuo que fueran inviolables por parte del estado. Es decir, que nunca pudieran ser expropiados.

Hagamos un símil que pueda servir de analogía. El estado, bajo determinadas circunstancias y dado que posee el monopolio de la violencia, exige la incorporación a filas de un ejercito de los ciudadanos y esta incorporación puede suponer poner en riesgo la vida de dichos ciudadanos y esta posibilidad es aceptada por estos. Pero este riesgo, asumido por los ciudadanos (nunca por el estado) en determinadas circunstancias,  no se entendería, ni sería aceptable, que dado el caso y siquiera de forma esporádica, la policía utilizara a un viandante como escudo humano en un tiroteo. Todo tiene un límite.

De igual modo ocurre con la expropiación: El estado, bajo determinadas circunstancias de fuerza mayor, puede expropiar una parte o la totalidad de su propiedad a un ciudadano bajo el llamado bien común, y destinarla a una infraestructura estratégica, como puede ser un aeropuerto, una autopista o una linea férrea. Pero esta necesidad de orden mayor no se entiende, ni se debería entender por parte de los ciudadanos, aplicable al urbanismo de expansión de núcleos urbanos y menos sin la participación prioritaria del propietario del terreno a expropiar. Así pues debería existir un marco legal que permitiera que, y tenida en cuenta la futura y lógica expansión de los núcleos urbanos, los propietarios de un bien inmueble tuvieran garantizada la inviolabilidad de su propiedad y en todo caso la compra por parte del estado, si así lo deseasen, a precio de mercado.

Se aducirá que existen entidades y personas con capacidad para manipular y falsear el precio del suelo y este extremo debe ser controlado y ya hay suficientes instrumentos legales para ello. Pero… ¿existe mayor coacción del uso de la propiedad que la prohibición de la edificación en un terreno, sea rústico o urbano,  por parte de su legitimo propietario?, ¿existe mayor manipulación del precio del suelo que la limitación de edificabilidad por parte del estado? ¿en base a que “principio de bien común” se limita la altura de los edificios? ¿Seguimos en una modernización del “criterio del bien común” de que ninguna edificación sea más alta que la torre del homenaje del señor feudal o la altura del campanario?.

Las ciudades son seres vivos y tienen una secuencia de crecimiento natural y los recursos limitados y el estado de la técnica son los instrumentos naturales con que cuentan para ajustar su crecimiento a la voluntad de los ciudadanos, de los ciudadanos, repito. Lo demás es intervención y miedo a la libertad individual.

No creemos que estos criterios puedan llegar a ser aceptados mayoritariamente, hay motivos para ello: el hecho de que el derecho a la propiedad privada se recoja en la Constitución Española de 1978 en el art. 33 (en una redacción manifiestamente mejorable) y que venga precedido del art. 31 (en una redacción todavía más manifiestamente mejorable) sobre el sistema tributario, da una indicación de en que aspectos está fijada la atención del legislador.

Urbanismo en España… otra tragedia. Motivos no faltan.

Mayo 2013RAMON JIMENEZ, ARQUITECTO

Sentido común milenario.
Mileto, Grecia 475 a.c.

El urbanismo como realidad consustancial al ser humano, como protección de la propiedad privada y sistema de relación entre propiedades privadas que, por cesión, generan el espacio público y, como consecuencia de esto, como sistema de ordenación y optimización de un recurso limitado como es el suelo, ha sufrido historicamente una involución en su esencia hacia una forma totalitaria de control, por parte del estado, de la actividad privada de edificación de los ciudadanos .

Así pues, de una materia que debería regular las condiciones de relación de ciudadanos y edificación privada con el ámbito público, ha derivado en una voracidad regulatoria totalitaria que llega al paroxismo en el caso de determinados paises entre los que, lamentablemente se encuentra España, en que rémoras nacionales de tiempos pasados y modas acientíficas importadas, siguen y cada día más, lastrando las posibilidades de evolución de las ciudades ( y por tanto su capacidad de creación de riqueza) condenando a millones de ciudadanos a la MISERIA URBANÍSTICA que podríamos definir como la situación a la que se ven abocados, por causa del intervencionismo estatal, la mayoría de los ciudadanos de una ciudad y que supone, en la práctica, la imposibilidad de acceso por su parte a los estandares y mejoras en materia urbanística que se pueden disfrutar en los paises más avanzados del mundo.

Entre los estandares a los que nos referimos podemos citar, entre otros, la posibilidad de vivir y trabajar en edificios altos, la posibilidad de disfrutar de espacios verdes de gran superficie, la disponibilidad de medios de transporte públicos de calidad, el dimensionado de viales y zonas de aparcamiento eficientes en cualquier punto de la ciudad, la existencia de zonas peatonalizadas y la accesibilidad total de cualquier espacio público para personas con discapacidad.

¿Hasta donde debe llegar el estado?
Auschwitz, Polonia bajo el III reich, 1944

Lo que debería afectar exclusivamente al entorno público, que obviamente, debe ser regulado mediante criterios de eficiencia uso y gestión de recursos, adecuación a la realidad tecnológica, previsión de evolución en todos los aspectos inherentes al hecho edificatorio, una mínima dosis de arte y tradición por este orden, traspasa las puertas, que deberían ser infranqueables para el estado,  de la propiedad privada y llega a regular aspectos tan nimios como la dimensión de las estancias o el tamaño de las puertas de paso del interior de las viviendas, que secuestran la capacidad profesional de arquitectos y la libertad de elección de los ciudadanos a la hora de decidir donde y cómo quieren vivir.

En España, la multiplicación de estratos de control de la administración del estado, (gobierno, comunidades autónomas, diputaciones, entes comarcales, municipios y hasta empresas y entes públicos) sobre la actividad de los ciudadanos, y la falta de confianza de muchos de esos administradores sobre la capacidad de decisión de los administrados, convierte tanto a técnicos de la administración como a profesionales liberales en victimas de un océano normativo que de una forma u otra los engulle en kafkianas situaciones en las que es imposible dedicar el tiempo que los ciudadanos merecen y reclaman para crear aquello que realmente importa… Ciudades.

Así pues esa voracidad regulatoria que invade el urbanismo, se extiende, no podría ser de otro modo en manos del estado, a cualquier aspecto relacionado con la edificación. Poco importa que esa voracidad sea provocada por paternalismo bienintencionado o por pura ansia de control totalitario de las personas, el efecto es que nunca sirve para solucionar problemas sino, al contrario, para crearlos.

Municipio <3.000 habitantes condenados a la miseria urbanística.
Cualquier provincia de España, 2012

Así pues hemos padecido, padecemos y padeceremos, lamentablemente y por sólo citar algunos ejemplos, desde normativas que permitieron y favorecieron la utilización de una sección (que debería ser anecdótica y de último recurso en una estructura) como la “viga plana” que conlleva problemas estructurales que antes o despues manifestará el edificio, pasando por normativas que favorecieron e impulsaron los denominados “pilares cortos” colaboradores necesarios en la mayoría de colapsos en zonas sísmicas, pasando por planeamiento de alineación obligatoria a fachada en calles de menos de 24 m de anchura (mínimo lógico por otro lado como se puede comprobar tanto en una sección viaria con circulación: 4 m de acera + 2,5 m de aparcamiento + 1 m de acceso a vehiculo + 7 m de via de circulación + 2 m de carril bici + 1 m de acceso a vehiculo + 2,5 m de aparcamiento + 4 m de acera, como en una sección viaria peatonal: 4 m de dominio de establecimiento comercial + 2 metros de vegetación + 2 m de carril bici + 6 m de circulacion peatonal con 4 m de zona de reposo y vegetación + 2 m de vegetación + 4 m de dominio de establecimiento comercial) que provocan un caos circulatorio y el malgasto de millones de € en combustible, hasta llegar a la potenciación, hasta lo enfermizo, de la baja densidad y la limitación del número de plantas edificables causa de un derroche absurdo de recursos, la condena a una falta de eficiencia energética y sobre todo del único recurso no renovable como es el suelo, frente a la única respuesta sensata y por otro lado conquista de la civilización que supone el Rascacielos y que puede llegar a suponer un ahorro de urbanización y de coste de mantenimiento para los contribuyentes del 80%, sirven de demostración de la catastrofe que supone en urbanismo, como en otros tantos aspectos de la vida, la oposición al más eficiente de los sistemas de regulación que existe: el laissez faire.

Libertad de elección de los ciudadanos
Miami, Estados Unidos, 2012

La recuperación del urbanísmo como disciplina al servicio de la eficiencia de uso y gestión de recursos, la mejora de la relación entre espacios privados mediante el espacio cedido por estos y convertido en consecuencia en público, el fomento de la diversidad de soluciones de ordenación y edificación como expresión de la numerosas tendencias e ideologías sociales y la devolución total de las capacidades y derechos a sus únicos y legitimos propietarios que son los ciudadanos, así como la no menos importante celeridad en la tramitación adminitrativa de cualquier cuestión relacionada con el urbanismo y la edificación (y estamos hablando de horas o días) es el único camino de salida para la incierta situación del sector en España.FIRMA PUBLICA RAMON

Agosto 2012